La institucionalidad está en riesgo, desvirtuada, entre varios factores, por el uso oportunista de mecanismos constitucionales.

Hoy se encuentra en la palestra la ministra Ángela Vivanco, vinculada al caso audios, donde se comunicó el inicio del procedimiento de remoción por el tribunal supremo, pero algunos parlamentarios, no conforme con ello, ya anunciaron una acusación constitucional, y esto es inaceptable. No porque no puedan, si no porque es hipocresía. Mientras el Presidente de la República y

sus Ministros parecen infringir abiertamente la Constitución refiriéndose públicamente y en el ejercicio de sus funciones a resoluciones judiciales de procesos en tramitación, ignorando el mandato del artículo 6 de la Constitución, parecen olvidados los casos del ex ministro Jackson y las fundaciones oficialistas.

Esto sólo refleja un doble estándar: para nuestros políticos las instituciones se invocan solo cuando conviene.

La justicia debe ser imparcial, sin importar el color político, y la Constitución debe aplicarse sin excepciones, garantizando la institucionalidad y los derechos fundamentales de todos.

Curiosamente quienes hicieron todo para tumbar este texto constitucional hoy lo utilicen con tanto aprecio en cuantos a sus mecanismos de control.

Columna de opinión escrita por Jorge Gacitúa, abogado, profesor de Derecho Constitucional.

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